La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) ofrecerá este viernes una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación ante «la grave situación por la que atraviesa la provincia de Jujuy y su pueblo».
El encuentro está previsto para las 12 en el Salón Delia Parodi del Parlamento, ante «la grave situación de Jujuy y su pueblo, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y amenaza de expropiar la sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Tilcara», informó la CTA en un comunicado.
«Es inaceptable la violación de los derechos humanos» que está teniendo lugar en la provincia, continuó.
Participarán de la rueda de prensa el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos de la Nación), senadores y diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.
También lo harán referentes de la UBA, integrantes de organismos de derechos humanos, la CTA, su par Autónoma (CTAA), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, la Ctera, la UTEP, la CCC, el Espacio Producción y Trabajo (Pymes y cooperativas) y personalidades de la vida política y cultural del país, informó Enrique Rositto, secretario de Comunicación de la central obrera que lidera Yasky.
En la últimas horas se multiplicaron las voces que repudian la violación de la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) por parte de efectivos de la policía provincial, así como la detención de abogados que defienden víctimas de la represión.
Este jueves el ministro de Educación de la nación, Jaime Perczyk, expresó «el repudio más absoluto a la ilegalidad de la intromisión en la UNJu. La Constitución nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente».
El funcionario escribió ese mensaje en su cuenta de Twitter, acompañando un comunicado de la UNJu que repudia «el ingreso de personal uniformado de la policía de la provincia al predio» de la casa de altos estudios en «momentos en los cuales se desarrollaba sesión ordinaria del consejo superior, órgano máximo de gobierno» de esa institución.
