El 2020 cerró con 270 femicidios en todo el país. Uno cada 32 horas, de acuerdo al Observatorio de la organización MuMalá. Al 15 de enero de este año las muertas ya eran 16. Una cada 22 horas. Al cierre de este primer mes de 2021 los femicidios ya se habían elevado a 26 y las muertes violentas a 38. La secuencia continuó: el 9 de febrero la muerte de Ursula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas por su ex pareja, un agente de la Policía Bonaerense al que ya había denunciado, conmocionó a la localidad bonaerense de Rojas.

El caso entra en las estadísticas: el 25 por ciento de las mujeres asesinadas tenían denuncias previas contra quienes finalmente las mataron y en el 12 por ciento de los casos, los crímenes fueron cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad, activos o retirados. Ante la reiteración, las organizaciones feministas y de la diversidad de todo el país que este 17F se darán cita en una movilización nacional que tendrá su capítulo en Rosario organizada por el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria.

#EmergenciaNiUnaMenos para pasar de los discursos a la inversión pública acorde a la dimensión de la problemática con medidas concretas», apuntan por su parte en la convocatoria desde MuMalá, y agregan: “Ursula realizó denuncias previas a su atacante y se encontraba amenazada de muerte. Sin embargo, la desidia policial y judicial una vez más dieron lugar al femicida para moverse cómodamente, violentar y luego matar una mujer con total impunidad.

Y de acuerdo a las propias estadísticas que lleva la organización a través de su observatorio _elaborado desde hace años a través de los casos registrados en los medios de comunicación_, la muerte de Ursula es la muerte de otras. De hecho, de acuerdo a las cifras de finales de enero de este año, el 12 por ciento de los femicidios fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados, como le sucedió a la joven de Rojas nueve días más tarde. Y en un 25 por ciento de los hechos, las víctimas también como Ursula habían realizado presentaciones previas contra sus femicidas.

En ese marco, la convocatoria Ursula exige al Estado «la articulación de los tres poderes”, además del “monitoreo y seguimiento de los instrumentos e instituciones que debe garantizar Acceso a la Justicia del Poder Ejecutivo y Judicial”.

A esos puntos se suma la implementación y seguimiento de los protocolos al interior de las fuerzas de seguridad ante situaciones de violencia de genero ejercida por sus agentes, la elaboración de un Registro Único de Situaciones de Violencia de Género y la inversión en dispositivos electrónicos para agresores.

La asistencia económica para las víctimas y organizaciones que acompañan en territorio, el fortalecimiento de los Estados provinciales, además de municipios y comunas, y la implementación y monitoreo de la Ley Micaela y Educación Sexual Integral (ESI) están entre las demandas.

Ante situaciones de violencia de género, están activas las líneas gratuitas del Teléfono Verde (0800-444-0420) y el WhatsApp (3415-781509) para asesoramiento y contención. También la línea de emergencia nacional 144. Ante emergencias, llamar directo al 911.