En 2017 la desaparición de un joven de 28 años conmocionó a la sociedad. Santiago era oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, pero hacía tiempo que vivía en la Patagonia. Se había vinculado con la comunidad mapuche de la localidad de Esquel y decidió sumarse a su reclamo por las “tierras ancentrales”.
El 1° de agosto de 2017, a la altura de la localidad de Cushamen, Chubut se llevó adelante un corte de la ruta 40. Fue en el marco de la disputa por la posesión de las tierras de los mapuches con el grupo empresarial Benetton. Santiago Maldonado participó de la misma. Gendarmería realizó un operativo represivo para desalojar el corte y persiguió a los manifestantes hasta el río Chubut.
El poder político y la Justicia
Por 78 días no se supo dónde estaba Santiago Maldonado. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre de 2017, luego de que se realizaran tres rastrillajes en la misma zona, dos sin arrojar ninguna pista.
La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo incansablemente que los efectivos de Gendarmería intervinientes no serían investigados hasta que la Justicia no lo determine. El problema es que los jueces a cargo de la causa tenían explícitos vínculos con el gobierno de Mauricio Macri.
El primer juez, Guido Otranto, fue apartado de la causa por ser considerado “parcial”. La familia denunció que su accionar buscaba de forma explícita deslindar a la Gendarmería del hecho.
En 2021, Darío Nieto, quien fue la mano derecha y secretario privado de Macri, fue investigado por la Justicia. En su celular aparecieron anotaciones que indicaban que Gustavo Lleral, el segundo juez de la causa, fue nombrado por quienes gobernaban en esos años y que Juan Mahíques, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y operador judicial del macrismo lo visitó.
La familia sostiene que nunca hubo un juez parcial asignado a la causa y que por ese motivo nunca se siguió con seriedad la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte. El punto más grave se expresa en que existe un testigo que declara haber escuchado la charla entre los gendarmes que participaron del hecho ese mismo día. Sin embargo, desde que Lleral cerró la causa con el fallo de “ahogamiento y sin intervención de terceros”, no se designó a otro magistrado para continuar la investigación.
Las irregularidades en el caso son múltiples y se expresan en las inconsistencias de la autopsia, en los rastrillajes que no arrojaron pistas y en las muestras de parcialidad de los jueces. La familia expresó reiteradas veces su reclamo y pedido de elevar el caso a la Corte Suprema y de acompañar el proceso con un equipo de expertos independientes. Pero, como tanto otros, el pedido sigue sin ser escuchado.
