«La Santa Sede y las Naciones Unidas, que representan el más alto nivel ético y político en el mundo, adelantaron las distintas actividades y acciones sin que ninguna de ellas implicare un diálogo directo entre miembros del ELN y el Gobierno Nacional», anunció el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en una declaración difundida por su despacho.
Según Ceballos, el sacerdote Darío Echeverri, en representación de la Santa Sede, y Carlos Ruíz Massieu, en nombre del secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, participaron con el respaldo del Gobierno colombiano en 28 reuniones de exploración, cuatro de ellas en La Habana, para indagar la posibilidad de diálogo con el grupo rebelde.
Echeverri y Massieu viajaron a la isla «del 14 al 17 de septiembre de 2020, posteriormente del 23 al 26 de noviembre de 2020, y finalmente del 3 al 6 de marzo de 2021 con el propósito de adelantar una serie de diálogos con los miembros del ELN, para prestar sus buenos oficios en la exploración de opciones», dijo Ceballos.
El objetivo, agregó, es «construir una arquitectura para un eventual espacio de diálogo, después el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional».
Además, se realizaron 22 reuniones, de las cuales seis fueron en la Casa de Nariño (sede del Gobierno colombiano, en Bogotá) y que contaron con la presencia del presidente Iván Duque, Echeverri, Massieu y el propio Ceballos.
«Hasta la fecha el ELN no ha avanzado en las decisiones necesarias que hagan posible un espacio de diálogo, al negarse a cumplir las condiciones establecidas por el presidente Iván Duque», finalizó el Comisionado de Paz.
El Gobierno colombiano ha señalado que sólo retomará los diálogos de paz con el ELN cuando ese grupo rebelde entregue a las personas que mantiene secuestradas, cese los ataques a la infraestructura del país y plantee una voluntad de concentrarse para iniciar un proceso de desmovilización y dejación de armas.
En febrero de 2019 el Gobierno rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.
A raíz de ese hecho Colombia pidió en extradición de diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en Cuba, pero La Habana se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.
